(Reino Unido) Predicadores, escritores y dueños de "webs" podrán ser deportados

Londres, (EFE).- Los extranjeros que fomenten el terrorismo oralmente o por escrito, en un sermón o mediante una página web, podrán ser deportados o denegada su entrada al Reino Unido en virtud de una nueva legislación gubernamental.

El ministro británico de Interior, Charles Clarke, dio a conocer hoy una lista de "comportamientos inaceptables" que justificarán la deportación de inmigrantes a sus países de origen, siempre y cuando no se enfrenten allí a torturas.

El Gobierno ha empezado a negociar con países norteafricanos y de Oriente Medio unos "memorandos de entendimiento" que garanticen que no se someterá a maltrato a los sospechosos repatriados a su tierra por presuntas actividades terroristas.

A principios de este mes se firmó uno de esos tratados con Jordania, con el fin de poder enviar de vuelta al clérigo radical Abu Qatada, considerado el embajador de Al Qaeda en Europa, quien fue detenido en Londres junto a otras ocho personas que también serán deportadas.

El mensaje del Gobierno de Tony Blair a los extranjeros que predican el odio es claro: "You are not welcome in the UK", es decir, "Aquí no sois bienvenidos".

Según la lista divulgada hoy, podrán ser deportados o excluidos de este país los extranjeros que "inciten, fomenten o glorifiquen el terrorismo para defender sus creencias" o "busquen persuadir a otros para cometer actos terroristas".

Correrán la misma suerte los que defiendan actividades criminales o intenten persuadir a otros para que las cometan y quienes inciten a odiar a miembros de otros colectivos de modo que pueda desembocar en violencia.

Estos comportamientos son "inaceptables", al margen de donde se produzcan, declaró el ministro Charles Clarke.

Así, el Gobierno perseguirá a quienes "escriban, produzcan, publiquen o distribuyan" material en defensa del terrorismo; a quienes lo glorifiquen en "discursos públicos, incluidos sermones"; a directores de páginas web y a profesores, trabajadores sociales o líderes de colectivos que utilicen sus puestos para predicar el odio o defender el terrorismo.

Clarke describió su lista como "indicativa más que exhaustiva", y la defendió frente a las críticas de las organizaciones de derechos humanos y los colectivos musulmanes, que temen ver perjudicados sus derechos fundamentales.

"En absoluto pretende coartar la libertad de expresión o limitar el debate sobre cuestiones religiosas", aseguró.

La deportación de los apologistas del terrorismo es una de varias medidas anunciadas el pasado 5 de agosto por el primer ministro, Tony Blair, en respuesta a los atentados terroristas del 7 y el 21 de julio en Londres.

Estas medidas incluyen reformar las leyes de derechos humanos para eliminar obstáculos a las deportaciones, introducir el delito de incitación al terrorismo, elaborar una base de datos de personas "non gratas".

También, poner límite temporal a los procesos de extradición, la posible creación de tribunales antiterroristas a puerta cerrada, y la extensión del tiempo que la policía puede detener sin cargos a los sospechosos de terrorismo.

Las medidas planteadas por el Gobierno con la justificación de que, tras los atentados, "han cambiado las reglas del juego", han suscitado críticas dentro y fuera del Reino Unido.

El relator de la ONU sobre tortura, Manfred Nowak, criticó el martes la deportación de personas que sean consideradas un peligro para la seguridad nacional a países que se sabe que no respetan las normas internacionales de protección de los derechos humanos.

Aunque Londres negocia tratados con varios Estados, de momento sólo ha conseguido garantías de Jordania, a través de un "memorando de entendimiento" cuya validez han cuestionado varias organizaciones.

Gareth Crossman, portavoz de Liberty, declaró que "es mejor juzgar a los terroristas que desplazarlos de un sitio a otro".

La Comisión Islámica de Derechos Humanos, a quien el Ejecutivo consultó en la elaboración de su propuesta y cuyas sugerencias ha ignorado, mostró su alarma por la lista del Gobierno.

"Se trata de una criminalización del pensamiento, la consciencia y las creencias", dijo su presidente, Massoud Shadjareh.