El ministro de Justicia, José Serrano, es enfático al señalar que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que realicen huelgas de hambre en el Centro de Máxima Seguridad No. 2 de Guayaquil deben ser sancionados. Por ello, mañana entrará en vigencia un nuevo reglamento disciplinario.
El funcionario nos recibió en la sala de reuniones y dijo en exclusiva que si los detenidos no cumplen las reglas perderán beneficios, como la suspensión de las visitas de sus familiares.
La cárcel de máxima seguridad pasa por una crisis luego de que sus internos comenzarán una huelga de hambre ¿qué medidas se van a tomar?
En el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil hay 71 personas que regresaron a Guayaquil. Treinta y un personas que fueran trasladadas de Guayaquil a Quito en diciembre del 2009, regresaron al Puerto Principal justamente por temas de seguridad.
Hace 15 días se realizó un traslado de 38 personas desde la Penitenciaria del Litoral hasta la nueva cárcel y dos más llegaron de Quito. En total, de las 71 personas, 38 cometieron sus delitos en Guayaquil, fueron juzgados en esa ciudad y estaban cumpliendo sus penas allí.
Hay restricciones a las que deben estar sujetos todos los privados de su libertad, ratificando el tema del respeto y la vigencia de sus derechos.
Sin embargo, la huelga de hambre es un tema de infracción disciplinaria que tiene que ser sancionada. La próxima semana va entrar en vigencia el reglamento que será entregado a todos los presos, donde se establece todo el régimen disciplinario y educativo al que ellos van a estar sometidos.
Esto va a permitir determinar que cualquier PPL que realice un desmán se acoja a estas acciones disciplinarias, por ejemplo con suspensión de visitas semanales hasta el no acceso a ciertos beneficios que ellos poseen.
Mientras tanto continuarán en huelga de hambre...
Cuando regresaron de Quito a Guayaquil en el último traslado, también tres personas no comieron durante tres días, así que aquí no podemos hablar de huelga de hambre. Estas personas están ahora alimentándose regularmente.
Lo que sucede es que no podemos hablar de beneficios específicos, como si estuviéramos hablando de una persona libre. El tema es que las personas que no comen también entran en una falta disciplinaria por la cual deben ser sancionadas y eso es fundamental.
Nosotros entendemos que hubo un giro de 180 grados con lo que pasaba en los otros centros del sistema penitenciario nacional, pero justamente lo que hacemos ahora es implementar un modelo de rehabilitación social con los beneficios que se les da a los PPL, los cuales dependen de su comportamiento y grado de disciplina dentro del centro.
¿Fue suspendido el juez tercero de la Niñez y Adolescencia, Juan Carlos Huila, en el caso de Óscar Caranqui?
La queja fue presentada el viernes en la tarde. Fue una denuncia penal por prevaricato en contra del juez Huilca. El propio Fiscal General se ha pronunciado de manera bastante dura por la actuación de este juez ocasional, que lo único que ha hecho es fallar en contra de la seguridad ciudadana, lo cual como Gobierno no lo podemos permitir. Además ha generado una contradicción jurídica y de competencia con la resolución ya dictada por los jueces en la ciudad de Guayaquil.
No nos olvidemos que este señor Caranqui presentó hace unas dos semanas un hábeas corpus en Guayaquil, ahora presenta una acción de protección en la que pide ser trasladado nuevamente a Quito. El juez Huilca dice que no se cumplieron ciertos procedimientos legales administrativos, pero en Guayaquil se señala que todos los procedimientos se cumplieron.
Ahora, lo que nosotros solicitamos al Consejo de la Judicatura es que dirima esta diferencia de competencia entre dos jueces, porque además, tanto el hábeas corpus como la acción de protección están en el mismo nivel constitucional.
Desde nuestra perspectiva, no debía haber resuelto la Corte Constitucional si el fallo de Quito o Guayaquil es el que se debe cumplir, eso le corresponde al Consejo de Judicatura, porque son dos jueces de instancia de la Función Judicial los que han generado dos resoluciones que dieron dado como resultado esta discrepancia.
Mientras tanto, Caranqui permanecerá en Guayaquil, ya que el punto es que si la Dirección General de Rehabilitación Social hace caso al juez de la acción de protección, incumple la decisión del juez de Guayaquil y si hace caso al juez Guayaquil incumple con el de Quito.
Antes de la muerte de la esposa del asambleísta de Alianza PAIS, Carlos Zambrano, no se hablaba de sicariato sino de ajuste de cuentas entre delincuentes. ¿Por qué ahora sí?
No importa si se llama sicariato o no, igual es un asesinato pagado. En Colombia el sicariato está tipificado como tal, pero en nuestro código el sicariato no existe. Hoy estuvimos con uno de los grandes eruditos de la construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana, Irvin Waller, que es el Director del Instituto de Prevención del Crimen de la Universidad de Otawa-Canadá. Cuando les pregunte si allá hay fenómenos como el sicariato me dijo: ¿Qué es eso?, le explicamos que era homicidio agravado por pago y recompensa y obviamente entendió.
Entonces, más allá de que se llame sicariato u homicidio, lo que nos interesa es determinar cómo están dadas las estadísticas en torno a este tipo de casos. Es nuestro Gobierno el que comienza a ofrecer verdaderas estadísticas en torno a los hechos delictivos que acontecen en el país, las actuaciones de la Policía Nacional, de la Fiscalía y ahora vamos a entrar en una rendición de cuentas de jueces y fiscales en torno a este tema.
En una semana se dieron 10 asesinatos solo en Guayaquil. ¿Todavía se cree que es una percepción de inseguridad?
Estamos fortaleciendo y capacitando a la Policía Nacional. Eso lo ha señalado el ministro del Interior (Gustavo Jalkh) en sus informes, pero aquí hay un tema de fondo: la seguridad ciudadana está ligada a la lucha contra la impunidad y ésta a la actuación de jueces y fiscales, quienes están obligados a rendir cuentas.
Hace sesenta días pusimos una denuncia en el Consejo de Judicatura en la que establecimos que de 4.336 presuntos delincuentes que salieron de las cárceles del país, el 95 por ciento ocurrió en Guayaquil. El tema es como esos jueces no rinden cuentas, esto no puede volver a pasar.
Se ha establecido un estándar que un juez en el Ecuador puede resolver entre 380 y 420 causas anuales. Sin embargo, en el país tenemos jueces que resuelven menos de 150 causas, como lo vamos a demostrar en un informe que se presentarán en los próximos días.
¿Qué opinión le merecen los términos en los que se ha referido a usted el señor Roberto Ricaurte, director ejecutivo de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil?
No conozco a este señor Ricaurte. En realidad no tengo la menor idea de quién es, no sé qué hace, ni en qué contribuye este señor. No sé en qué trabaja este ilustre desconocido, no sé qué cargo ocupa, no sé cuál es su función...
Según Ricaurte, han llenado la Cárcel de Máxima Seguridad con narcotraficantes, cuando lo que les preocupa a los guayaquileños es el asesinato, violación, secuestro y robo, no el narcotráfico. ¿Qué piensa usted?
Uno de los elementos sustanciales de la prepotencia es la ignorancia. Nosotros en Guayaquil tenemos 71 PPL en la cárcel de máxima seguridad, de los cuales dos fueron traídos de Quito. Los 69 restantes son de Guayaquil y están ahí por violación, asesinato, robo agravado, no son solo narcotraficantes.
Así que nosotros consideramos que en realidad debemos aplicar una política nacional para la rehabilitación social. Esto es un tema de seguridad, de espacios físicos y que además tiene que ver con cuestiones disciplinarias.
En un país como el nuestro está bien tener cuatro grandes cárceles nacionales y centros de detención provisional en todas las provincias.
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