Cuba excarceló el martes al disidente Darsi Ferrer, pero condenó al médico opositor detenido hace 11 meses a tres meses de arresto domiciliario para completar su condena por compra de cemento en el mercado negro.
Un tribunal de La Habana condenó a Ferrer, de 40 años, por los cargos de "receptación" de materiales de construcción para reparar su casa y "atentado" a un vecino. Sin embargo, descontó el tiempo ya cumplido tras las rejas.
"Lo pusieron en libertad", dijo su esposa Yusnaimy Jorge.
"Sucedió lo que desde el principio esperaba, pues mi esposo era inocente totalmente", declaró a periodistas en las afueras del tribunal.
La fiscalía había pedido tres años de cárcel para Ferrer, un médico que en los últimos años organizaba marchas pacíficas en La Habana para conmemorar el Día de los Derechos Humanos.
La oposición consideraba los cargos de receptación como un pretexto para castigarlo por sus actividades políticas.
Elizardo Sánchez, de la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos, dijo que el Gobierno intenta mostrar su "rostro amable".
"Era lo que esperábamos, que el Gobierno diera por terminado el asunto hoy (...) Ya no se puede decir que él está internado en una prisión de alta seguridad, aunque sigue bajo una condena pero en prisión domicialiaria", dijo Sánchez a Reuters.
Según el activista, mantener a Ferrer en la prisión hubiera comprometido un inédito diálogo entablado en mayo con la Iglesia Católica y que condujo a la liberación de un preso parapléjico y a mejoras en las condiciones de detención de otra docena.
Ferrer, que había sido detenido el 21 de julio del 2009, llegó el martes al juzgado flanqueado por dos policías en el asiento trasero de un patrullero.
Unos 30 opositores se reunieron temprano el martes frente al tribunal y gritaron "íLibertad para Darsi!".
"Soy inocente", gritó a periodistas extranjeros desde el auto en la puerta del tribunal.
La liberación de Ferrer ocurre mientras Castro y la Iglesia Católica discuten la situación de los presos políticos, unos 180, según cálculos de grupos de derechos humanos.
La Iglesia Católica espera nuevas excarcelaciones de presos políticos como resultado del insólito diálogo entablado en mayo con Castro.
Hasta ahora el Gobierno concedió la libertad condicional por razones de salud al preso Ariel Sigler y trasladó a otra decena de opositores a cárceles más cercanas a sus familiares a pedido de la Iglesia Católica.
El Gobierno comunista de la isla considera a sus opositores "mercenarios" a sueldo de su archienemigo Estados Unidos.
Cuba fue blanco de duras críticas internacionales a raíz de la muerte en febrero del preso político Orlando Zapata tras 85 días en una huelga de hambre para reclamar mejores condiciones de detención.
La liberación de los presos políticos es una condición de Estados Unidos para normalizar sus relaciones con la isla.
Raúl Castro dijo que no cedería al chantaje de su enemigo Estados Unidos, al que acusa de intentar socavar su sistema socialista.
Pero en mayo el presidente cubano se sentó sorpresivamente a dialogar sobre los presos con el arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega.
La Iglesia Católica, transformada de golpe en un actor en el debate político en Cuba, dijo que ambas partes buscan solucionar el problema entre cubanos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentó un escrito como "amigo de la Corte" ante una Corte Federal en Phoenix, en Arizona. La figura permite dotar de información al juez de la causa para enriquecer su criterio.
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