México expresó hoy su confianza en que el refuerzo militar de Estados Unidos en la frontera común sea solo para el combate al crimen organizado y no para detener y perseguir a inmigrantes.
El gobierno estadounidense anunció hoy el envío de 1.200 soldados adicionales en la frontera con México y la solicitud de una partida extra de 500 millones de dólares para mejorar la seguridad de la zona.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México indicó que esta decisión debe fortalecer la lucha contra el tráfico ilegal de armas y dinero en efectivo hacia México, "que proveen a la delincuencia organizada de su poder de fuego y su capacidad para corromper".
Afirmó que el gobierno mexicano espera que el personal militar "en apego a sus funciones, no realizará actividades directamente vinculadas a la aplicación de las leyes migratorias".
Además, reiteró su decisión para trabajar en la seguridad y el bienestar de las comunidades fronterizas, así como para enfrentar y desmantelar a las organizaciones delictivas y sus vínculos con el narcotráfico y el tráfico de personas.
La cancillería mexicana reconoció que como parte de la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional existen acciones que realizan ambos países de manera conjunta, pero hay otras que se desarrollan de manera independiente "en el ámbito de sus respectivos territorios".
Finalmente, las autoridades mexicanas ratificaron su respeto de las decisiones soberanas de Estados Unidos, pero recordó que "la responsabilidad compartida debe continuar siendo la base de nuestros esfuerzos conjuntos contra la delincuencia organizada que opera en ambos lados de la frontera".
El tema migratorio entre México y Estados Unidos se exacerbó debido a la aprobación de una ley decretada por el estado de Arizona, que faculta a los agentes policiales a detener a cualquier persona por la simple sospecha de que sea un inmigrante ilegal, condición que se penalizará a partir de julio.
Esta disposición legal ha sido criticada por numerosos sectores en Estados Unidos y mexicanos, entre estos por el presidente Felipe Calderón, quien expresó su rechazo en una sesión del Congreso estadounidense.
El mandatario estadounidense, Barack Obama, también ha reiterado su deseo de impulsar una reforma migratoria para regularizar a los 12 millones de inmigrantes ilegales en ese país.
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